Acciona abre una investigación interna tras asegurar que desconoce el pago de mordidas a Ábalos y Koldo

La constructora Acciona ha trazado un cortafuegos para proteger a su primera línea directiva del escándalo ocasionado por el supuesto pago de mordidas al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, a cambio de contratos de obra pública adjudicados entre 2018 y 2021, durante la etapa de ambos en el Ministerio de Transportes. La suma de los concursos ganados en posible fraude supera los 500 millones de euros. Acciona, cotizada en Bolsa y controlada por la familia Entrecanales, una de las sagas con mayor trayectoria en la ejecución de infraestructuras públicas en España, ha abierto una investigación interna tras haber sido señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un detallado informe sobre el caso Ábalos, en el que se destapa el amaño de numerosas licitaciones. La empresa ha expresado total “desconocimiento, sorpresa y preocupación” ante los hechos investigados.

A lo largo de un largo relato por parte de la UCO se ofrecen todo tipo de indicios que conducen a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, cargo del que ha dimitido esta tarde, como intermediario o “gestor” de una batería de “contraprestaciones económicas” que Acciona habría pagado a Ábalos y García. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de “gravísimos” esos indicios durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE en Madrid, en la que actuaba como secretario general de los socialistas. El terremoto político es de enormes dimensiones, aunque Sánchez descarta el adelanto electoral.

Lo primero que ha hecho Acciona, en respuesta al informe, es acotar toda responsabilidad, que en todo caso cargaría sobre un directivo despedido en abril de 2021 y que la UCO identifica como enlace de la compañía con Santos Cerdán y Koldo García. Se trata de Fernando Merino Vera, quien fue director de Acciona para Navarra y La Rioja. El cargo de Merino en la división de construcción era de tercer nivel. “Ante la posible elusión de los controles internos que se haya podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan”, apunta Acciona a través de un comunicado.

Los pagos de Acciona bajo cuerda, según la UCO, sumarían 620.000 euros y otros 450.000 euros estaban “pendientes de abono” a la vista de diversas comunicaciones entre los altos cargos del PSOE investigados. De estas cifras, 550.000 euros se vinculan con dos adjudicaciones de Adif a Acciona en la red ferroviaria de Murcia. Los 450.000 sin abonar son relacionados por la Guardia Civil con otros tres contratos ganados por Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

El informe sostiene que el amaño de las licitaciones fue posible gracias a la relación entre Acciona y Santos Cerdán, así como a la participación de Koldo García y el propio Ábalos, entre otros altos cargos de Transportes. La Guardia Civil hace referencia a un primer encuentro entre el entonces ministro y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el 30 de julio de 2018, reunión que “podría comprenderse en un primer conocimiento recíproco, fruto de la nueva andadura [de José Luis Ábalos] en el seno del Mitma [Ministerio de Transportes]”. A renglón seguido, se da cuenta de un apunte de Koldo García en el que asegura tener comunicación con Entrecanales.

En los concursos investigados, todos ellos abiertos a la concurrencia de otras ofertas, Acciona se impuso con altas puntuaciones en el apartado técnico, de evaluación subjetiva frente a la objetividad de la oferta económica. Estos son el del soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia (158,8 millones de importe de adjudicación); la ejecución de la plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera (121,2 millones de euros); la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja (92,4 millones); obras en el puente sevillano del Centenario (102,8 millones) y la ejecución de la integración del ferrocarril en Sant Felui de Llobregat (62 millones).

La UCO aprecia en las adjudicaciones presuntamente fraudulentas intervenciones de la que fue presidenta de Adif y posteriormente secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, y de Javier Herrero, que lideró la Dirección General de Carreteras durante el mandato de Ábalos en Transportes.

Acciona califica de “fórmula habitual” la creación de uniones temporales de empresas (UTEs) con firmas locales para acudir a este tipo de concursos. También afirma que en todas las UTEs en las que participa, “se establecen siempre compromisos formales con carácter contractual de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo y debida diligencia por parte de todos sus integrantes, cuyo cumplimiento se verifica y audita de manera constante”. En este sentido, la firma que preside José Manuel Entrecanales expresa que si se confirmaran los hechos “que implican a otras empresas que han participado en UTEs de las que ha formado parte Acciona, la compañía tomará las medidas legales oportunas”.

Viejos conocidos

La investigación fija en 2015 y en Navarra el inicio de la relación entre Santos Cerdán y Koldo García con Acciona, a través del directivo Fernando Merino, con ocasión de una explotación minera de potasa entre Aragón y Navarra vinculada a la empresa Geoalcali. Koldo García trabajaba en la Comunidad Foral de Navarra y tenía dependencia “laboral y personal” de Santos Cerdán, se afirma en el papel que relata las pesquisas.

Con la llegada de Koldo García a Madrid en 2017, como conductor del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el posterior paso de ambos al Ministerio de Transportes en junio de 2018, la relación con Acciona se habría estrechado. Santos Cerdán, por su parte, recalaba en la capital como secretario de Coordinación Territorial del PSOE. La UCO expone en su documento que Cerdán colocó a Koldo en el entorno de confianza de Ábalos, “lo que le habría permitido poder ejercer cierta influencia en adjudicaciones concretas de obra pública en favor de Acciona, así como posibles nombramientos de puestos orgánicos en el Mitma”.

La Guardia Civil ha tratado de probar durante esa etapa de Ábalos en Transportes, que finalizó en 2021, la adjudicación “a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas (Acciona entre otras), así como el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas”. A lo largo de casi 500 páginas se argumenta que “Ábalos y Koldo habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Santos como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública, llegando a asociar dichos pagos a licitaciones concretas en las que, como denominador común, resultó adjudicataria Acciona Construcción”.

El demoledor informe de la Guardia Civil, que pone al descubierto una supuesta trama corrupta en la obra pública, también alcanza a OPR (Obras Públicas y Regadíos), con contratos en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo). Y a una tercera compañía, LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción), con adjudicaciones en Asturias, Teruel y Galicia. En la investigación se aprecian pagos de LIC a Koldo García de 2.600 euros mensuales netos, una vez que fue contratado entre diciembre de 2022 y junio de 2023; y entregas de 1.300 euros mensuales entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de junio de 2023 de OPR “al entorno de Koldo”, mediante la contratación de su pareja, Patricia Uriziriarte por parte de la empresa Áridos Anfersa.