Una grabación de Koldo García intervenida por la UCO implica a Santos Cerdán en un supuesto cobro de comisiones

El informe entregado el pasado 5 de junio por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso de corrupción en el que se investiga al exministro socialista José Luis Ábalos, incluye la transcripción de parte de las grabaciones que el exasesor de este, Koldo García, también imputado en la causa, hizo de las conversaciones que mantenía con dirigentes del PSOE, entre ellos el propio Ábalos y el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán. En algunas de ellas ―mantenidas por separado por Koldo con ambos según algunas fuentes, aunque otras apuntan a que también hay charlas entre los tres― se escucha supuestamente cómo hablan de amaños en la adjudicación de obras públicas y, en concreto, de la supuesta deuda que mantenían con ellos algunas de las empresas que habían sido beneficiadas por sus gestiones a cambio del pago de comisiones, según ha adelantado la Cadena SER ―que cifra en 400.000 euros el importe de esas mordidas― y confirmado EL PAÍS en varias fuentes conocedoras del caso.

El informe de la UCO se ha incorporado a una pieza secreta del sumario en el que se empezó investigando las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas y material sanitario por varias istraciones en lo peor de la pandemia, pero que en los últimos meses ha trascendido aquellas licitaciones bajo sospecha y alcanza a adjudicaciones de obra pública. De hecho, este documento policial ―sobre cuyo contenido se ha especulado mucho en las últimas semanas― precipitó que este martes el magistrado del Supremo ordenase el registro del domicilio en Valencia de Ábalos y las sedes de varias empresas y el domicilio de sus dueños en Navarra, Bizkaia, Granada, Valencia y Madrid, supuestamente beneficiadas por algunos de los contratos bajo sospecha.

Según detallaba el auto del juez Puente en el que se autorizaba la entrada en la vivienda del exministro para incautar sus teléfonos móviles y otros dispositivos, el documento policial recoge el contenido de estas conversaciones, localizadas en memorias informáticas intervenidas a Koldo García cuando fue detenido en febrero de 2024. El magistrado apuntaba ya en esta resolución que el informe de la UCO daba a entender la existencia de indicios de la supuesta adjudicación irregular en el Ministerio de Transportes de contratos de obra pública, así como del presunto cobro por parte de este de comisiones ilegales. Y destacaba que uno de esos indicios eran diálogos en los que el exdirigente del PSOE supuestamente ite haber obtenido un beneficio económico con las licitaciones de su departamento.

Tras conocerse los primeros detalles del informe, el PSOE ha hecho público la noche de este miércoles un comunicado en el que insiste en la versión mantenida hasta ahora de que Santos Cerdán “no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, recalca. Tras lamentar lo que califica de “filtración” que “solo genera indefensión y juicios mediáticos a los afectados”, el partido asegura que “cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona”.

El nombre del número tres del PSOE se vio salpicado por primera vez en la trama de corrupción desmantelada en el caso Koldo el pasado noviembre, cuando uno de los personajes claves de la red, el empresario y comisionista Víctor de Aldama, lo señaló ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno como supuesto receptor de un sobre con 15.000 euros en un bar por un tema relacionado con una licitación a una constructora. Cerdán negó entonces la acusación a los pocos minutos de trascender las palabras de Aldama.

No obstante, en febrero, el magistrado del Supremo que asumió la investigación ante la presunta implicación de Ábalos —aforado, en su condición de diputado— encargó a la UCO un informe en el que se detallasen los mensajes que pudiera haber intercambiado el comisionista con Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres (al que también acusó de recibir comisiones) y “cualquier otra persona aforada” para intentar aclarar qué hay de cierto en las denuncias lanzadas por el empresario. Este informe es el que la UCO entregó al juez el pasado 5 de junio y que supuestamente dio este martes pie a los registros en el domicilio de Ábalos y en varias empresas.

El magistrado instó en abril a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil para que investigase la adjudicación de las obras públicas y los supuestos rectificados que aparecían destacados en fluorescente en unos documentos aportados a la causa por Aldama y cuya adjudicación, siempre según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclamó a la Guardia Civil que identificase a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas licitaciones y fiscalizase el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas era la del asesor de Ábalos.