Familiares de venezolanos deportados llegan a El Salvador y exigen a Bukele una “prueba de vida”

Una comitiva de familiares y allegados de venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en la megacárcel de Nayib Bukele llegó este lunes a El Salvador para exigir “pruebas de vida” y conocer el estado de salud de los detenidos. Entre la comitiva están Lisbeth Johana Sanguino, tía de Widmer Sanguino, quien llegó a EE UU como refugiado, y Reina Cárdenas, amiga de Andry Hernández Romero, un reconocido estilista que tramitaba su solicitud de asilo al momento de ser deportado.

La comitiva llegó con un documento legal para representar a cuatro familias de igual número de deportados a El Salvador originarios de Táchira, un Estado venezolano fronterizo con Colombia. Sin embargo, señalaron que hablan por todas las familias de los 238 venezolanos que guardan prisión en el país centroamericano desde el pasado 15 de marzo. Todos ellos son señalados de pertenecer al Tren de Aragua, aunque las mismas autoridades estadounidenses, investigaciones de organismos de defensa de derechos humanos y periodísticas han confirmado que muchos son simplemente migrantes indocumentados. De acuerdo con una investigación realizada por la ONG salvadoreña Cristosal, del total de venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) solo el 13% tenía algún antecedente penal.

Walter Márquez, un ex diputado venezolano (1999-2004) y ahora defensor de derechos humanos, encabezó la comitiva que se presentó la tarde de este martes ante a la Dirección General de Centros Penales, en San Salvador, para presentar una carta con sus peticiones. En la carta, a la que ha tenido EL PAÍS, el grupo solicita comprobar que sus familiares están con vida, verificar su estado de salud, entender su situación jurídica y exigen su libertad inmediata. Además expresan que para viajar tuvieron que recaudar fondos por cuenta propia.

“Queremos exigir al presidente Bukele el derecho a la visita. Oficialmente no se sabe si están ahí o no porque el gobierno ha declarado esa información secreta”, dijo Márquez en una llamada telefónica con EL PAÍS. “Hemos pedido ayuda a la Cruz Roja Internacional para que nos ayude a verificar el estado de salud de ellos”, añadió.

Hasta la noche de este martes, ninguna autoridad salvadoreña se ha pronunciado sobre la llegada de los venezolanos que más bien parecían haber llegado solos a abocarse a las instituciones. La comitiva confirmó que está siendo asesorada por un grupo de abogados salvadoreños, pero prefirieron omitir su nombre “por la persecución que hay en el país”, según dijo Márquez. En las últimas semanas el Gobierno de Bukele ha embestido a las organizaciones de derechos humanos y ha capturado a varios de sus líderes.

El activista venezolano aseguró que estarán toda la semana en el país pidiendo ayuda a todas las instancias. “Ya fuimos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y vamos a ir a la Nunciatura Apostólica de San Salvador para pedir la intervención del Papa en este caso”, aseguró.

Por su parte, Johana Sanguino, dijo que le preocupa mucho “su estado emocional, su estado de salud”, en referencia a su sobrino. “Él sufre de un cuadro asmático y ya venía con un proceso psicológico”. Consideró además que la situación de los familiares de los encarcelados es muy crítica. “Se nos unen los días con las noches. [Tenemos] incertidumbre sin saber cómo están ellos”, dijo.

El Cecot, un agujero negro

Desde su creación, en enero de 2023, el Centro de Confinamiento del Terrorismo se ha convertido en la prisión más popular de América Latina no solo por las producciones audiovisuales al estilo de Hollywood difundidas por el Gobierno de Bukele, sino por los tours que las autoridades han brindado a youtubers y creadores de contenido. Sin embargo, la información sobre ella es, en realidad, casi nula.

Hasta la fecha, no se sabe exactamente cuántos prisioneros hay en la megacárcel, que tiene capacidad para 40,000 reos. Tampoco se sabe qué porcentaje de los recluidos tienen una condena. Las entrevistas realizadas por algunos periodistas seleccionados por el Gobierno se han realizado bajo la mirada de custodios o equipo de comunicaciones de la Presidencia. Tampoco hay a organismos de derechos humanos independientes ni mucho menos visitas de abogados o familiares. Lo que pasa en el Cecot, se queda en el Cecot.

Durante los tres años del régimen de excepción, organismos de derechos humanos han documentado cientos de casos de torturas que van desde exposición prolongada al sol, pasando por golpes, asfixia o descargas eléctricas. También se han documentado más de 400 muertes bajo custodia del estado de las cuales muchas presentan signos de torutra. Sin embargo, todos estos casos han salido de cárceles de mediana seguridad. Hasta el momento no se ha documentado ni un solo caso que relate lo que ocurre en el Cecot.

Desde que llegaron los 238 venezolanos, tampoco se ha sabido nada de ellos de manera oficial ni extraoficial, salvo que se encuentran en pabellones separados de los pandilleros del Barrio 18 y la MS-13, las dos pandillas salvadoreñas para quienes fue construida la prisión. Dos congresistas estadounidenses han intentado ingresas en diferentes ocasiones, pero no han podido.