La democracia de Guatemala sigue necesitando apoyo internacional

En Guatemala, es fácil dejar que los árboles –los enrevesados procesos judiciales, los partidos políticos que se multiplican, las acusaciones penales infundadas y las laberínticas conexiones entre políticos– tapen el bosque.

El panorama, sin embargo, es el siguiente: los mismos actores que trataron de impedir que el presidente Bernardo Arévalo asumiera el cargo en 2023 están realizando esfuerzos para removerlo del cargo. El riesgo para la democracia y los derechos humanos en Guatemala debe tomarse en serio.

La fiscal general Consuelo Porras ya ha pedido más de 10 veces a la Corte Suprema que permita que el Congreso investigue al presidente. Tales medidas serían señales de un sistema democrático sano si se basaran en preocupaciones de buena fe de que el presidente ha incurrido en corrupción o abuso de poder.

Pero, por el contrario, las investigaciones de Porras se basan en acusaciones espurias y políticamente motivadas. La fiscal general también ha perseguido a funcionarios del Gobierno de Arévalo, así como a personas que han impulsado reformas democráticas. En abril, los fiscales consiguieron la detención de dos líderes indígenas, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, quien también es viceministro de Desarrollo Sostenible de Arévalo. Se les acusa de “terrorismo” y “sedición” en relación con su participación en las protestas pacíficas de 2023 que ayudaron a detener el intento de Porras de anular las elecciones.

El momento es crítico para el futuro de Guatemala. El próximo año, las autoridades guatemaltecas deben elegir a un nuevo fiscal general y a nuevos del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. El presidente y el Congreso desempeñan un papel importante en estos procesos y estos nombramientos son fundamentales para las esperanzas de avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.

La Unión Europea ha expresado su “profunda preocupación” por el “uso indebido de medidas legales y de procedimiento dirigidas contra cargos electos” en Guatemala. Los gobiernos latinoamericanos, que desempeñaron un papel importante en la protección de la democracia en 2023, también deberían alzar la voz y asegurarse de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) siga de cerca la situación en Guatemala.

Cuando visitó Guatemala en febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, elogió el “compromiso de mantener y defender la democracia y la estabilidad de las instituciones” del presidente Arévalo. También advirtió que “las empresas no van a invertir en un país donde hay un golpe de Estado”.

Sin embargo, el Departamento de Estado y la istración Trump no han dicho nada desde entonces. Este silencio corre el riesgo de ser interpretado como desinterés o incluso como una aceptación tácita de las mismas amenazas de golpe de estado a las que Rubio aludía. Si el compromiso con la democracia no es suficiente para persuadir al gobierno estadounidense de que se oponga a estos esfuerzos, sus propios intereses ciertamente deberían hacerlo. Remover al presidente Arévalo provocaría con toda probabilidad una inestabilidad en Guatemala que podría desencadenar en mayor migración.

Arévalo ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos. Es probable que los funcionarios que intentan removerlo del poder le estén ofreciendo un apoyo similar a Washington, en cuestiones que van desde la migración hasta la relación diplomática con China. Pero hay algo que no pueden ofrecer de forma creíble: desmantelar el crimen organizado.

La lucha contra el crimen organizado requiere acabar con las prácticas corruptas que permiten a los cárteles y grupos criminales sobornar a funcionarios y operar de forma descarada e impune. Enfrentar la corrupción es una parte importante de la agenda de Arévalo, y es precisamente por ello muchos no quieren que sea presidente. Su istración ha logrado algunas detenciones notables, incluida la del líder de Los Huistas, cuya extradición la Embajada estadounidense en Guatemala describió como “la más importante en décadas”.

Además de expresar su preocupación, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que han impuesto sanciones selectivas contra el fiscal general Porras y otros funcionarios, deberían mantener y considerar ampliar de estas sanciones a otros funcionarios responsables de violar los derechos humanos y socavar el Estado de derecho.

El presidente Arévalo también debería tomar medidas sólidas. Es cierto que la ley guatemalteca no le permite destituir unilateralmente al fiscal general. Pero puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora para proteger los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Debería pedir que se investiguen las acusaciones de corrupción detrás de las sentencias judiciales y tomarse en serio la posibilidad de invocar una disposición constitucional que permite a los funcionarios desestimar órdenes, incluidas de captura, que sean “manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.

Su Gobierno necesita preparar una estrategia sólida para el nombramiento de un nuevo fiscal general el próximo año. Durante el mandato de Porras, han prosperado los procesos por motivos políticos mientras que menos del nueve por ciento de las investigaciones penales han desembocado en una acusación. El nombramiento de un fiscal general verdaderamente independiente podría ayudar a disminuir la impunidad, reforzar la lucha contra el crimen organizado y ayudar a reconstruir el Estado de derecho. También sería un factor clave para responder a los homicidios, que están aumentando en el país.

Es crucial que el presidente Arévalo les demuestre los guatemaltecos que la democracia que muchos de ellos defendieron en 2023 puede dar resultados. Para ello, su Gobierno también debería acelerar la ejecución de proyectos de salud, educación e infraestructura, que podrían contribuir al desarrollo de zonas rurales de Guatemala, donde la población, en especial los indígenas, están privados de a derechos económicos y sociales. Presentar y lograr que se apruebe una ley de aguas que ayude a garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento sería un primer paso fundamental.

Guatemala todavía tiene la oportunidad para sentar las bases del cambio – la reconstrucción del Estado de Derecho, la lucha contra el crimen organizado y la creación de una economía más inclusiva - que los guatemaltecos necesitan. No hay que echarla a perder.